La amenaza de la "Regionalización" del servicio público

(4 de febrero de 2014) En meses recientes se ha reciclado el proyecto de transferir a los alcaldes muchos de los servicios que brinda el gobierno central, iniciativa avalada por los dos partidos que se turnan en el poder: el PPD y PNP.
Alegan que buscan “más eficiencia” olvidando que la burocratización del gobierno se debe principalmente a la politica partidista en las agencias públicas, lo que ha comenzado a resolverse con la sindicación y la firma de convenios colectivos que garantizan que, por encima de consideraciones partidistas, los empleados tenemos unos derechos y beneficios garantizados.

¡Regionalizar = Municipalizar!
La propuesta de REGIONALIZAR los servicios como la educación pública es otro nombre para imponer la municipalización y entregarle un buen negocio a los alcaldes de los dos partidos que se turnan el poder!

Con la regionalización de la educación pública se entregaría a los alcaldes la selección, contratación y nombramientos del personal docente y no docente, la administración y mantenimiento de las escuelas, su política salarial, condiciones laborales, etc.

Otro paso hacia la privatización

La experiencia nos enseña que los alcaldes tienen dos formas básicas para contratar personal:

a) Empleando a familiares y amistades recomendados por su partido político.
b) Privatizando (subcontratando) las operaciones que son incapaces de garantizar.
La experiencia reciente demuestra que la privatización y la corrupción, por lo general, van de la mano... los contratos y las subastas siempre van a parar a las compañías de los donantes del partido del alcalde.
Ante la amenaza a nuestros empleos y la calidad de vida de nuestras familias que representa este renovado intento por imponer la municipalización, el SPT ha movilizado sus recursos para impedir o modificar la puesta en marcha de la municipalización/regionalización de los servicios que brindamos.

AMENAZAS CONCRETAS DE LA REGIONALIZACION

Aumento en la politización partidista de los servicios públicos.
Privatización de los servicios.
Pérdida de los derechos y beneficios adquiridos al pasar a ser empleados municipales.
Pérdida de empleos en las plazas que privaticen.
Deterioro de la calidad de los servicios.
La incapacidad económica y administrativa de los municipios para ofrecer los servicios.
Menos fiscalización y mayor oportunidad para cometer corrupción.